Atención a la diversidad y alumnado con necesidades educativas especiales en la reforma educativa

La reciente reforma del sistema educativo español realizada a través de la conocida como Ley Celaá ha puesto especial énfasis en reforzar las medidas para la equidad, la atención personalizada y la inclusión de todo el alumnado en igualdad de condiciones.

Analizamos en este artículo las principales novedades en materia de atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.

Principios de equidad e inclusión

Uno de los ejes centrales de la reforma es la educación inclusiva como nuevo paradigma. Así, la Ley establece en su artículo 4.3 que la atención a la diversidad debe regirse por los principios de inclusión y participación, no discriminación y accesibilidad universal.

El objetivo es eliminar cualquier barrera que dificulte el acceso, presencia, participación o aprendizaje del alumnado por motivos personales, sociales o culturales.

Personalización y Diseño Universal de Aprendizaje

Para lograr una educación personalizada, la Ley apuesta por la aplicación de los principios del Diseño Universal de Aprendizaje.

Esto implica proporcionar múltiples medios de representación, acción y expresión, así como motivación para aprender, según recoge el modificado artículo 1.

Medidas ordinarias y extraordinarias

Los centros deberán adoptar medidas ordinarias y extraordinarias tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje entre su alumnado.

Entre las medidas previstas se encuentran los planes de refuerzo, apoyo y recuperación o las adaptaciones metodológicas y curriculares.

Atención temprana

Otro aspecto clave que recoge la normativa es la detección precoz de necesidades educativas y la atención temprana desde el inicio de la escolarización.

Para ello, se reforzarán los equipos de orientación en esta labor diagnóstica.

Equidad y entornos desfavorecidos

Las políticas de equidad cobrarán especial importancia en entornos socialmente desfavorecidos. Se adoptarán medidas como bajada de ratios, incremento de personal de apoyo o cooperación con agentes externos.

Adaptaciones en la evaluación

Los procesos de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de cada alumno o alumna, especialmente en el caso de personas con discapacidad.

Primará una evaluación inclusiva, tanto en las pruebas de acceso como en las actividades de los centros.

Acceso a todas las enseñanzas

Las administraciones quedan obligadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo en todas las enseñanzas de régimen general y especial.

Cooperación interadministrativa

La Ley hace hincapié en la necesaria cooperación entre administraciones para facilitar la escolarización de este alumnado y evitar la segregación entre centros.

Alumnado con necesidades educativas especiales

Dentro del grupo de alumnado con necesidades específicas, la Ley dedica especial atención a aquellos que requieren adaptaciones por discapacidad o trastornos graves de conducta, comunicación o aprendizaje.

Se deberá garantizar la escolarización de este alumnado en centros ordinarios dotándolos de los recursos necesarios y reduciendo la ratio. Primará el modelo inclusivo.

Para identificar las necesidades, se realizará una valoración por parte de profesionales especializados, contando con la participación de las familias.

Desarrollo de la escolarización

Las administraciones promoverán programas para desarrollar la escolarización de este alumnado desde Infantil.

También se velará por su continuidad en las enseñanzas postobligatorias y su inserción laboral, con medidas como la reserva de plazas en Formación Profesional.

Accesibilidad universal

Finalmente, la Ley insiste en que se garantice la accesibilidad universal en entornos, productos y servicios educativos, así como en la comunicación y la información.

Se trata de asegurar que ningún alumno o alumna quede marginado por motivo de discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En conclusión, la reforma educativa refuerza de forma notable las medidas para una educación inclusiva, equitativa y personalizada, que permita el máximo desarrollo de todo el alumnado en igualdad de condiciones.